miércoles, 2 de mayo de 2007

De legitimidad y memoria histórica


En el prólogo al libro de Jean Daniel "La prisión judía", Juan Goytisolo persiste de nuevo en el hilo argurmental de su obra o en el intento de asentar en las conciencias un concepto de memoria que nunca ha sobrevivido a su manipulación histórica. Subrayando la dicotomía que se erige en fuente originaria del Estado de Israel y de sus avatares -aquella que lo hace ser un Estado distinto a los demás y, a la vez, querer ser uno como los demás-, Goytisolo parafrasea a Tzvetan Todorov afirmando que la legitimidad del uso de la memoria histórica viene dada por sus utilidad como experiencia válida para el presente y el futuro al permitir aprovechar las lecciones de las injusticias y errores del pasado, combatir las injusticias presentes y prevenir los errores futuros. Bien distinta es la situación en la que se parte de una concepción de la memoria en tanto que capital precioso e intocable, ligado al mesianismo de un pueblo, a la grandeza de la Patria, a la pureza verdadera de una creencia, a la inmutabilidad de las identidades, fijas, a prueba de milenios, "identidades que imponen al sujeto individual un determinismo histórico del que no pueden escapar so pena de convertirse en apestado, en traidor".

En esa línea de reflexión, España ha sido escenario de interminables manipulaciones y usos fraudulentos de su memoria, ya sea para aupar a un poder emergente o para hacerlo más absoluto e indiscutible, eliminando al adversario. La guerra civil es el hito que ha marcado ya 3 generaciones. La exhumación e identificación de cadáveres de los ajusticiados durante aquellos años que hoy yacen en fosas, nos sitúan de nuevo a los españoles ante el espejo. Para algunos supone una revisión del "pacto de silencio" que hizo de palanca en pro de la transición democrática. Retraimiento del perdón implícito que sirvió de punto de partida, por enésima vez, para construir en paz nuestra convivencia. Para otros, el derecho al honor de las víctimas así como a ser enterrados dignamente y el derecho de sus familiares a saber qué ocurrió, tienen primacía respecto de cualquier otra circunstancia.

La ley para la recuperación de la memoria histórica, actualmente en fase de proyecto de ley, debe tener como propósito esencial la protección de tales derechos sin por ello romper los postulados básicos que hicieron posible la transición a la democracia y el acuerdo mayoritario sobre el instrumento fundamental para nuestra convivencia, la Constitución de 1978. Tras casi 30 años de democracia, es tiempo de abordar este asunto sin mesianismos ni usos torticeros y fanáticos de nuestra memoria, y buscando la utilidad de las experiencias vividas y sufridas cara a nuestro futuro. ¿Lo conseguiremos o volveremos a las andadas?

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